Historia del Degi

El Consejo de Educación Superior (CES), en su función como organismo rector de la Universidad de Puerto Rico hasta 1993, aprobó la creación del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) del Recinto de Río Piedras mediante la Certificación 199 (1980-81). No obstante, a solicitud del Senado Académico (SA) del recinto, la implantación de dicha certificación se pospuso hasta el año 1983-84, cuando el SA entregó un informe especial al CES relacionado con la estructuración del nuevo Decanato. Este informe fue revisado posteriormente por el propio SA (1987-88) ya que habían pasado cuatro años desde su entrega y consideración final por el CES. Como producto de la revisión del informe, el SA emitió la Certificación 76 (1988-89) que aprueba el Informe Especial que dio lugar a la Política Académica de Estudios Graduados en el recinto y a la estructuración del Degi.

En el año 1990-91 el CES actúo sobre la Certificación 76 del SA y aprueba la misma con cinco observaciones, las cuales están consignadas en la Certificación 115 (1990-91). Junto a estas iniciativas, el SA se dio a la tarea de revisar la Certificación 55 (1977-78) sobre las normas que regían a los programas graduados en ese momento, y se emite una nueva certificación: Normas para los Programas Graduados en el Recinto Universitario de Río Piedras (Certificación 72, 1991-92). La Certificación 72 aplica a todos los estudiantes graduados admitidos a partir de 1994-1995.

La creación del Degi respondió, entre otros factores, a la necesidad de una política académica que orientara el desarrollo y fortalecimiento de los estudios graduados en el recinto y de una estructura organizacional que fuese responsable de la implantación de dicha política. Esto ante el crecimiento acelerado de programas graduados y el reclutamiento de facultad con grados avanzados y con interés en la investigación. El Informe especial del SA y las vistas públicas celebradas en marzo del 1988 recogieron las dificultades existentes para el desarrollo de los estudios graduados en el Recinto, a saber: burocratización de los trámites administrativos, salarios bajos, falta de becas y ayudas económicas para los estudiantes, la dificultades con la consejería académica, la carga académica de los profesores y la limitación de fondos para la investigación, y la asistencia a congresos y seminarios en el exterior. Estas dificultades no diferían significativamente de las señaladas en 1983 y, en cierto grado, continúan teniendo vigencia en la actualidad.